Con modificaciones, se aprobó la Ley de Emergencia Económica en la Ciudad

El proyecto fue aprobado con 38 votos positivos y 21 negativos, la nueva norma le otorga a Rodríguez Larreta la facultad de reasignación de partidas presupuestarias entre otras cuestiones.

La Legislatura de la Ciudad aprobó hoy la Ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, lo cual faculta al Poder Ejecutivo porteño a realizar cambios en las partidas presupuestarias, limitar la contratación de empleados para áreas no esenciales y suspender la realización de obras públicas, entre otras cuestiones.

El proyecto fue aprobado con 38 votos afirmativos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN, y rechazado por 21 legisladores del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda.

De esta manera, se declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la Ciudad.

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Presupuesto, donde recibió críticas de bloques opositores y aliados donde el oficialismo tuvo que aceptar modificaciones en un artículo que habilitaba al ejecutivo a escalonar el pago de los salarios de los empleados públicos porteños con el argumento de la falta de liquidez en las cuentas públicas.

En el recinto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero de Vamos Juntos indicó “la emergencia sanitaria nos pone en un doble desafío: la urgente necesidad de reorientar los recursos y de incrementar esa posibilidad en las áreas críticas, tales como la salud y el desarrollo humano; por el otro lado, enfrentar la brutal caída que estamos teniendo en los ingresos públicos”.

Recordó que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: buscar una administración financiera de la mejor manera; otro vinculado a los ingresos tributarios;  compras y contrataciones; y reordenamiento de los recursos humanos”.  

Por último aclaró que “no hemos previsto ningún despido, ninguna rebaja salarial y no podemos vaciar el inciso uno que es lo que se establece” y recordó que “el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo decidió retirar el escalonamiento”.

En cuanto al empleo, hubo fuertes críticas porque la ley no contempla a los contratos de locación de servicio, Gabriel Solano (PO) afirmó que “no es cierto que no está en juego el empleo de los trabajadores, están en juego 18 mil puestos de trabajo; por ejemplo en el IVC el 70% de los trabajadores están contratados bajo locación de servicio”.

También no fue bien recibida la creación de la comisión especial de seguimiento destinada a controlar la reasignación partidas por encima de lo indicado en el marco normativo.

Cecilia Segura, del Frente de Todos se expresó al respecto, se corre el riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”, dado que la presidencia y la mayoría de esa comisión es nombrada por el oficialismo.

Si bien compañero Santiago Roberto aseguró la necesidad de una ley de emergencia económica para combatir al coronavirus, advirtió que “no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco al Gobierno porteño y otorgarle superpoderes, que además, están prohibidos por la constitución”.

“Necesitamos que quede expresado claramente el destino que tendrá la reasignación de partidas porque es fundamental que le llegue a los comedores comunitarios que cada vez alimentan a más personas y que sirva para resolver la emergencia habitacional de los barrios vulnerables y así impedir que el contagio de la enfermedad se disperse entre sus habitantes”, reclamo el Diputado del Frente de Todos.

A continuación, Roberto remarcó que “es vital que esos recursos se destinen a la compra de insumos para los hospitales públicos, que también se refleje en auxilios económicos para los cuentapropistas, los comerciantes y las Pymes”.

“Nosotros creemos que lo importante es ayudar a mantener la actividad económica, cuidar la salud y a las familias porteñas” concluyó.

Con la sanción de la nueva norma, la Legislatura porteña autorizó al Gobierno de la Ciudad a:

• Incrementar los gastos corrientes para la prevención de la pandemia.
• Reasignar partidas presupuestarias.
• Suspender programas no esenciales en el contexto de la crisis por el coronavirus.
• Impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios.
• Evitar la incorporación de personal, salvo que fuera necesario para atender la salud o imprescindible para el cumplimiento de servicios esenciales.
• Podrá instrumentar bonificaciones, descuentos y planes para que los contribuyentes realicen pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal. Podría haber bonificaciones de hasta el 30% en ABL y Patentes.
• Revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos, contratos o convenios.

Se crea en el ámbito de la Legislatura la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, integrada por los presidentes de las comisiones de Salud y de Presupuesto más 9 legisladores designados por la Vicepresidencia primera de dicho cuerpo. Competerá a esa comisión “la verificación del estricto cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y sus resultados”.

Por otro lado la norma impide transitoriamente las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación actual.

La sesión tuvo lugar en el Salón Dorado con la mayoría de los legisladores presentes y aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, participaron de manera remota.