Ambos estaban acusados de una supuesta administración fraudulenta por el presunto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora IECSA, entonces propiedad de Ángelo Calcaterra.
El juez Claudio Bonadio sobreseyó a funcionarios macristas por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora IECSA, entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Así lo establece un fallo de más de 102 páginas firmado por el citado magistrado.
El juez sobreseyó sin indagar al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Estaban acusados de supuesta administración fraudulenta. Los investigados siempre negaron las acusaciones.
El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte nacional pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño. Era uno de los frentes judiciales en pie contra Cambiemos. La fiscal Alejandra Mángano podrá apelar la decisión de Bonadio transcurrida la feria judicial, en el mes de febrero.
La causa por la megaobra del Paseo del Bajo se había abierto en diciembre de 2018 tras un dictamen de la fiscal Mángano. Se basó en un informe de la Auditoría General porteña y en una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, quien también podrá acompañar la eventual apelación del fallo. Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para favorecer a IECSA y que así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra por $ 3.183 millones.
Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado nunca ordenó declaraciones indagatorias, no citó a ninguno de los denunciados ni a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. Tras algunas medidas de prueba, el juez concluyó que “en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”.
