La Legislatura aprobó dos normas: una, autoriza concesionar parcelas a título oneroso o gratuito, y otra ley crea el Ente Regulador de ese espacio para el desarrollo científico y tecnológico.
La Legislatura porteña autorizó hoy al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otorgar concesiones gratuitas u onerosas de parcelas en el futuro Parque de la Innovación, destinadas a edificios e instalaciones de instituciones públicas y privadas, universidades, organismos y empresas que se dedicarán a la investigación y el desarrollo científico – tecnológico.
La lista de posibles concesionarios de espacios incluye la UBA, la UTN, institutos terciarios, el SENASA, INTA, CONICET, INVAP, CEAMSE, las comisiones nacionales de desarrollo espacial y atómico, ministerios, etcétera.
Los parlamentarios de la Ciudad también sancionaron la ley que dispone crear el Ente Público No Estatal para la gestión del Parque de la Innovación (EPI), que “tendrá a su cargo la gobernanza” del nuevo espacio, dictará los reglamentos y administrará los bienes comunes.
Los dos proyectos fueron enviados por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que por decreto ya había puesto marcha, en marzo de 2018, la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, “actualmente en su etapa de diseño y planificación pre-operativa”, como indicaron los considerandos de las comisiones asesoras legislativas que emitieron despachos: la de Presupuesto y la de Educación, Ciencia y Tecnología.
El Parque de la Innovación está siendo emplazado en un amplio predio de más de 12 manzanas de superficie, donde aún funciona el histórico Tiro Federal Argentino, en el Barrio Nuñez, Comuna 13, que será mudado a un predio de similares dimensiones en la zona ribereña del mismo barrio.
Para ello, hubo previos acuerdos entre la Nación (titular de las tierras), el Estado de la CABA y la asociación civil que tiene el usufructo de los terrenos desde hace más de un siglo. Todas estas decisiones pasaron por la consideración y votación legislativa y audiencias públicas, a través de varios proyectos tratados desde el 2017 a la fecha.
A cargo y costo de la administración capitalina, ya se realizan obras de construcción del nuevo Club de Tiro a la vera del Río de la Plata. Cuando se concluyan los trabajos (se prevé que el año próximo) se hará la mudanza definitiva.
La sede del Tiro Federal, que es Monumento Histórico Nacional, se mantendrá intacta en su ubicación de siempre con frente hacia la avenida del Libertador al 6900 y mantendrá su entorno parquizado con piletas de natación y canchas de tenis.
Una porción de terreno contigua a ese edificio del siglo XIX, de 1,5 hectáreas de superficie, ya fue subastada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación (a quien pertenecía el predio) para que empresas privadas encaren proyectos inmobiliarios (en la esquina de las avenidas Udaondo y Del Libertador).
El resto de lo que pertenecía a la Nación y usufructuaba la antigua asociación civil deportiva (casi 15 manzanas) fue transferido a jurisdicción de la Ciudad para desarrollar el Parque de la Innovación, la apertura de calles, veredas y el emplazamiento de espacios verdes e infraestructuras de servicios.
Según lo proyectado, se harían 5 plazas que sumarán más de 6 hectáreas y se prevé construir unos 330.000 metros cuadrados de edificación, incluidos el edificio del EPI y otra veintena de construcciones que se dividirán en sectores para la inversión privada, los organismos, institutos educativos, un área residencial y espacios de usos mixtos. En total, unas 12 manzanas de suelo.
El PI estará delimitado por la avenida Udaondo, una calle perpendicular que se abrirá como continuación de la calle Bavio, hasta el límite con el CENARD, sobre cuya línea limítrofe se creará otra nueva arteria paralela a Udaondo que llegará hasta la delimitación Noreste del terreno, que es el curso de la colectora de avenida Lugones.
Ente Regulador no Estatal
“Créase el Ente Público No Estatal Parque de Innovación (EPI), sin fines de lucro que tendrá a su cargo la gobernanza del Parque de la Innovación y se regirá por las normas de derecho privado, por la presente Ley, su reglamento interno y otras normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones”, dice taxativamente el artículo primero de la ley sancionada hoy.
El EPI estará compuesto por representantes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y de las empresas e instituciones innovadoras instaladas en el Parque y que quieran asociarse.
Su objeto será “coordinar, impulsar y desarrollar las actividades de promoción del ecosistema de innovación del Parque, así como convocar a participar a estudiantes, emprendedores, científicos, tecnólogos, académicos y reguladores, consolidando la generación y aprovechamiento económico y social de los conocimientos”, refiere la norma.
La ley define la organización, funciones, facultades y recursos del EPI, que en los primeros 8 años recibirá aportes del Tesoro de la Ciudad, pero que deberá organizar y generas sus propios recursos, por alquileres, aranceles, donaciones, legaciones, subsidios, créditos u otras fuentes de financiación y recaudación.
Dicho Ente tendrá como autoridad máxima una Asamblea de Representantes integrada por 4 delegados del gobierno, 1 por las entidades públicas, 2 en representación de privados y 2 por locatarios. La presidencia de la Asamblea será definida por el Jefe de Gobierno de la CABA. A su vez, un Directorio Ejecutivo (designado por la Asamblea) ejercerá la administración del Parque y una Sindicatura tendrá las atribuciones de contralor.
Una de las parcelas será edificada por el Gobierno para las oficinas del EPI y otra para Campus Abierto destinado a actividades educativas de distintas instituciones y otros proyectos de interés estratégico de la Ciudad vinculados a la educación y la innovación. Universidades, entidades y empresas.
Las instituciones “elegibles” para obtener concesiones de predios en el PI son: universidades e institutos terciarios, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organismos y reparticiones como INPI, INTI, INTA, CONICET, ANMAT, SENASA), INASE, CNEA, CONAE, INET, CEAMSE, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Secretaría de Emprendedores y PyMEs, Fundación de Nanotecnología, INVAP y otros ministerios o secretarias. Se agregó al listado posibles entidades de bien público o educativas, con un tope de concesión de 30 años.
La ley habilita a otorgar a la UBA una concesión gratuita por hasta 100 años; a la UTN, por 50 años y autoriza a otros institutos educativos a concursar para recibir similares beneficios. Las empresas u organismos concesionarios pagarán cánones a fijar por el EPI, con ajustes semestrales. Unos y otros deberán hacerse cargo de la ejecución de su proyecto, los costos, el pago de impuestos y otras responsabilidades inherentes.
Las concesiones de uso “se otorgarán sujetas a que los inmuebles tengan el exclusivo destino de ser utilizados por la entidad beneficiaria para la instalación y el desarrollo por sí de actividad de enseñanza superior no universitaria o universitaria, de investigación y/o desarrollo experimental, de emprendedurismo o de servicios de apoyo y asesoría para las mencionadas actividades”.
El procedimiento de selección de las entidades beneficiarias de las concesiones se realizará mediante Concurso de proyectos integrales, de carácter nacional, en el cual constará el carácter gratuito u oneroso de la concesión a ser otorgada y el fundamento para el criterio adoptado.
Debate y Votación
Los diputados de Vamos Juntos Daniel Presti (jefe de bloque) Hernán Reyes y Paula Villalba (Presidenta de Presupuesto) defendieron en el recinto las dos iniciativas oficiales y explicaron sus alcances y propósitos. Los bloques de izquierda de Ay L y FIT rechazaron absolutamente los proyectos.
María Rosa Muiños, del Bloque Peronista, criticó la falta de tratamiento en comisiones, la insuficiente información por parte del gobierno, la ausencia de estudios técnicos y la conformación del organismo regulador del Parque, no obstante lo cual calificó de “muy importante” al asunto en debate.
Mariano Recalde, presidente de la bancada Unidad Ciudadana, fustigó la “venta de tierras públicas para llevar adelante negocios inmobiliarios de los amigos” y señaló que los gobiernos del PRO en la Ciudad “ya llevan privatizadas unas 140 hectáreas de tierra por distintos mecanismos”.
Roy Cortina, del Partido Socialista, manifestó su sorpresa por la oposición de los legisladores justicialistas a la creación de un polo para el desarrollo tecnológico impulsado desde el Estado, con representación mayoritaria del sector público y la presencia de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. También replicó a Recalde que gran parte de la venta de tierras fue por acuerdos con “el gobierno de la ex Presidenta que era de su partido”.
Marcelo Guouman, de Evolución, y Sergio Abrevaya, del GEN, completaron la lista de oradores.
La ley de concesión de espacios en el Parque de la Innovación se aprobó con 43 votos positivos de VJ, Evolución y PS; 4 negativos de la izquierda y 11 abstenciones de UC y BP.
La ley del Ente Parque de la Innovación (EPI) se sancionó con 41 votos positivos de VJ, Evolución y PS y 17 votos negativos del resto de los presentes.