El ejecutivo porteño promulgó en marzo de 2007 la Ley que regula la publicidad oficial en medios vecinales de la ciudad. Pero la historia comienza a contarse mucho tiempo antes.
Corría el año 1996 cuando un grupo de editores, entre los que se encontraban varios de los actuales miembros de nuestra Cooperativa, se puso a trabajar con el entonces concejal Eduardo Jozami para prestigiar el periodismo barrial y lograr el reconocimiento del inminente Gobierno de la Ciudad Autónoma. Pocos meses después, el Concejo Deliberante votó la Ordenanza Nº 52.360, mediante la cual se creaba un Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, en el que debían inscribirse los medios que, luego de cumplir una serie de requisitos, como cantidad de páginas, tirada, antigüedad, porcentajes de publicidad y de producción periodística propia que tratara temas de los barrios y la ciudad, podían acceder a una pauta publicitaria.
De esta manera, el Gobierno se veía obligado a contratar espacios de publicidad con los medios de comunicación barriales, que hasta allí solo se obtenían a través de una relación de amistad con los funcionarios de turno en algunos casos o por simple clientelismo político en otros.
No obstante, la administración del entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa vetó la ordenanza. El Concejo Deliberante insistió y la ordenanza quedó sancionada, pero De la Rúa nunca dictó el decreto que la reglamentara. En términos vulgares, la “cajoneó”.
Una vez asumido el gobierno por Aníbal Ibarra, los editores barriales comenzamos una campaña de propaganda exigiendo la reglamentación de la ordenanza. Una de las vetas que encontramos para hacer visible nuestro reclamo fue la difusión que el Gobierno realiza-ba del Presupuesto Participativo, ya que los funcionarios recorrían los barrios realizando reuniones con vecinos en diferentes escuelas. Hacia ellas marchábamos los editores a repartír volantes con duros conceptos hacia un Gobierno que no reglamentaba la ordenanza.
No fue la única forma de reclamo. Las mesas de difusión que armábamos en Avenida de Mayo al 525, en la puerta misma del Palacio Municipal, también inquietaban a los funcionarios. Todas estas acciones contaron con el apoyo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que facilitaba sus instalaciones para que los editores nos reuniéramos y destinaba dirigentes para que nos orientaran en los aspectos técnicos.
Gracias al trabajo consecuente de los compañeros del sector, la administración de Aníbal Ibarra se vio obligada a interiorizarse en el proyecto que a fines de 2002 reglamenta y crea el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, siendo 2003 su primer año de aplicación. De este modo se coronaba con éxito la primera parte de la lucha de los editores barriales.
La experiencia recogida con el registro en funcionamiento hizo ver que lo redactado una década atrás debía ser actualizado. Es entonces que un grupo de medios organizados en la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC decide trabajar en una ley superadora a la Ordenanza Nº 52.360. Durante tres años, con un anteproyecto en la mano, salimos a la búsqueda del consenso necesario. En la legislatura junto al presidente de la Comisión de Cultura y comunicación, Norberto Laporta (socialista), primero y luego con Rodrigo Herrera Bravo (Pro), con Elvio Vitali (Frente para la Victoria), Facundo Di Filipo (Ari). Pero también hubo que trabajar junto a la Secretaría de Comunicación con el ibarrista Daniel Rosso primero y, más recientemente, en la gestión de Macri junto a los equipos del secretario de Comunicación Gregorio Centurión.
Lo largo, trabajoso y consecuente del camino recorrido por la Cooperativa EBC lo demuestra la experiencia de otros colegas, quienes en su momento trabajaron en un proyecto junto a la diputada Sandra Dosch que no prospero, o la presentación en la legislatura de un proyecto, durante el año pasado, por otro grupo de colegas que ninguno de los 60 legisladores le dio viabilidad.
No tenemos la ley que en un cien por ciento queríamos, pero sabemos que tenemos una ley superadora de la ordenanza que nos reglamentaba. También sabemos que cumplimos con nuestra obligación como representante de nuestros asociados. Debatimos y redactamos un proyecto de ley en nuestro Consejo, lo aprobaron nuestros asociados.