La justicia dispuso un plazo de 60 días al Gobierno de la Ciudad para presentar un plan de estacionamiento para personas con discapacidad que dispongan vehículo con el símbolo internacional.
La Jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del juzgado Nro. 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar y le ordenó al Gobierno porteño diseñar un plan para que los vehículos que posean el símbolo internacional de discapacidad puedan estacionar en las zonas peatonales del microcentro.
La Megistrado dispuso de un plazo no mayor a los 60 días para que el plan sea presentado, en el mismo se deberá determinar la cantidad de espacios para que los vehículos permitidos puedan estacionar durante un tiempo razonable.
La zona en cuestión se encuentra delimitada delimitada por las avenidas Santa Fe y Leandro N. Alem, y las calles Rivadavia y Carlos Pellegrini, aunque por esta causa podría trasladarse a otras zonas peatonales como Tribunales.
La entidad civil denunciante solicita que se le ordene al Gobierno de la Ciudad «a cumplir cabalmente con lo normado por las leyes vigentes en materia de accesibilidad -ley 22.431 y modificatorias- ‘cuya finalidad consiste en la supresión de toda barrera arquitectónica’».
En el texto se pide el rediseño de las calles peatonales con calzadas angostadas e bordeadas con conos de cemento para el paso de automóviles autorizados, para la construcción de dársenas para el estacionamiento exclusivo de personas con discapacidad.
«las personas con discapacidad y/o movilidad reducida representan el diez por ciento (10%) de la población mundial y que para su integración y equiparación de oportunidades los Estados deben brindarles la posibilidad cierta y concreta de permanencia y tránsito en las distintas arterias, calles y vías rápidas de la Ciudad, sin los obstáculos que –según su relato- deben sortear a diario». argummenta.
«si bien los informes (…) darían cuenta de la existencia de dársenas en el área microcentro, lo cierto es que éstas habrían sido construidas con el objeto de facilitar la carga y descarga de mercaderías así como el ascenso y descenso de pasajeros, sin interrumpir el normal flujo del tránsito vehicular en las calles habilitadas (…). Es decir, además de no tratarse de espacios destinados a las personas discapacitadas o con movilidad reducida, las referidas dársenas se habrían construido para permitir la detención pero no el estacionamiento». explica la Jueza.
por otro lado alegó que el diseño actual de las calles «constituirían un obstáculo físico para que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de la franquicia legal de libre estacionamiento de la que gozan, que se encuentra prevista en la normativa de tránsito y transporte de la Ciudad».
Por último, Mólica Lourido advirtió que «pese a la vigencia de la amplia franquicia legal de libre estacionamiento de que gozan las personas discapacitadas, en razón del destino asignado a las dársenas y a la colocación de los bolardos en la zona del microcentro, una persona con discapacidad no podría estacionar su automóvil debidamente identificado en esas calles intervenidas y permanecer allí por un tiempo razonable a los efectos de, por ejemplo, efectuar trámites; perjuicio que se incrementa en atención al gran número de oficinas públicas y privadas que se concentran en esa área».