La nueva Ley que fue sancionada en diciembre pasado contempla la asistencia letrada gratuita y la restitución del patrimonio dañado y brinda subsidios para menores afectados por la violencia intrafamiliar.
Fue sancionada la ley que establece la protección de las personas que hubieran sido víctimas o testigos de delito, de autoría del diputado Sergio Abrevaya (GEN) y con tratamiento previo en la Comisión de Justicia, que preside Daniel Presti (Vamos Juntos).
Los principios rectores que modifican la legislación actual se basan en “la eficiencia de los medios para la mejor protección de la persona que hubiera sido víctima o testigo de delito; la no revictimización evitando menoscabar la intimidad de las personas que hubieran sido víctimas o testigos de delitos; el enfoque diferencial, adecuando las medidas a las condiciones particulares de cada caso; la primordial utilización de medios tecnológicos para cumplir con la manda de protección, extremo que coadyuvará también a evitar que las medidas generen mayores afectaciones a la intimidad y a la vida cotidiana de la persona que hubiera sido víctima o testigo de delito, y la equidad en el uso de los recursos a los fines de propender a la mejor calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de seguridad en la Ciudad”, como han establecido sus considerandos.
Las víctimas pueden reclamar celeridad para que se reciban sus denuncias y que se le restituya parte de su patrimonio dañado.
También se estableció que no haya revictimización, entendiendo que la víctima de delito no será tratada como responsable del hecho sufrido y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Se contempló que será gratuito que un abogado patrocine a la víctima “cuando se tratare de un delito contra la vida, la libertad o la integridad sexual, o tuviere por resultado la muerte del ofendido”. La ley fue aprobada con 46 votos positivos, 8 negativos de Unidad Ciudadana y 5 abstenciones de bloques de izquierda.