La Legislatura porteña aprobó en segunda lectura una serie de modificaciones a la Ley Ley N° 5.728 en relación al Estacionamiento medido y así avanzar con la Licitación pública.
Se autorizó al Ejecutivo el uso de once predios como playas para la remisión de vehículos en infracción. Las concesiones tendrán un plazo de 5 años y el dominio sobre esos sitios será exclusivo del Gobierno de la Ciudad.
La Legislatura aprobó hoy, en segunda lectura, una ley para modificar y aclarar los alcances de la Ley N° 5.728 en relación a la concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado y autorizar el uso de determinados predios de la Ciudad para destinarlos a playa de remisión para los vehículos en infracción.
La aprobación en primera lectura fue judicializada y en este caso el oficialismo argumentó que el objetivo es mejorar el servicio público de estacionamiento regulado en la Ciudad y la administración del uso del espacio público, el ordenamiento del tránsito, la fluidez vehicular y la seguridad vial.
El proyecto impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aclara que las playas de remisión de vehículos en infracción son del dominio de la Ciudad y que «los concesionarios no tendrán sobre los predios ningún tipo de derecho, privilegio o usufructo alguno y no podrán disponer de ellos ya que los mismos no forman parte de la concesión». La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Tránsito y Transporte y de Planeamiento Urbano y resultó aprobada con 32 votos positivos, unicamente del bloque Vamos Juntos.
A través de esta nueva ley se sustituyeron los incisos d) y e) del artículo 1° de la Ley N° 4.003, texto consolidado por Ley N° 5.666 y modificado por el artículo 2° de la Ley N° 5.728, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
«d) Los Concesionarios pondrán a disposición de la autoridad de aplicación un sistema de acarreo con grúas que deberán operar siguiendo las instrucciones que imparta la autoridad de aplicación y a las órdenes de un funcionario público con poder de policía o de un miembro del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y administrarán el servicio en la o las playas de remisión que se encuentren en su zona de concesión.
e) El sistema tendrá una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la Ciudad, dividiendo la misma en cinco zonas. Se procurará hacer coincidir las zonas con los límites de las distintas Comunas.
«Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será provista por el GCABA a los fines de la correcta prestación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado. Las playas de remisión no formarán parte de la concesión.»
Se establecieron 11 predios a concesionar por un plazo de 5 años para destino de vehículos acarreados, y que estarán sujetos a la evaluación de la Autoridad de Aplicación, que podrá sugerir y proponer modificaciones al momento de renovar las concesiones. Los predios son los siguientes:
– Estación Parque Chacarita ubicado sobre la avenida Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery.
– Conesa: entre las calles Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo.
– Obelisco Sur: playa subterránea situada bajo la av. 9 de Julio, entre Perón y Mitre.
– Tacuarí: entre las calles Tacuarí, Cochabamba, Bernardo de Irigoyen, y av. San Juan.
– Quinquela Martín: la parcela entre Quinquela Martín, av. Herrera y av. Hornos.
– Couture: el sector delimitado entre Eduardo Couture y Facundo Quiroga.
– Dávila: parcela entre las calles Dávila, Zuviría, Thorne y av. Eva Perón.
– Cazadores-Artilleros: el sector delimitado entre Artilleros, Cazadores, Echeverria y Juramento.
– Pueyrredón: parcela entre Obispo San Alberto, Franco y Bolivia.
– Barragán: entre las calles Barragán, Bynon, Gallardo y av. Reservistas Argentinos.
– Rivadavia: el sector delimitado entre Ramón Falcon, White, Donizetti y av. Rivadavia.
Además se prorrogó por seis meses, computados a partir de su vencimiento, el plazo establecido en la Cláusula Transitoria II de la Ley N° 5.728, para adjudicar la Licitación Pública para la Concesión del Servicio, que se encuentra en instancia judicial por amparos presentados a la ley de estacionamiento regulado. El plazo «no incluye el lapso en que por decisiones ajenas al GCABA la licitación pública no pudiera iniciarse, continuarse o adjudicarse. Vencido el plazo indicado para la adjudicación, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral y su encuadre en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89«.
Debate en el Recinto
La diputada Cristina Garcia (Vamos Juntos), presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte destacó como miembro informante del proyecto que la concesión es estrictamente sobre el servicio público y no sobre los bienes inmuebles. «Los predios son meramente una herramienta para permitir el funcionamiento del estacionamiento regulado», sostuvo. Afirmó que «insistimos en esta ley porque hoy estamos con un contrato que es de la década del ´90» remarcando que actualmente hay un proceso de licitación en marcha que no tiene adjudicación. Finalmente aseguró que el sistema de estacionamiento regulado «permitirá ordenar el uso del espacio público y mejorar la convivencia de los vecinos todos los días».
Por su parte, el diputado Marcelo Depierro (MC) argumentó que «no cambió absolutamente nada en el proyecto (respecto a la primera lectura) y el fallo en la justicia sigue vigente. Plantear que la ciudad va a permanecer con la propiedad de los predios no suma nada al proyecto de ley y no anula los vicios que pueda llegar a tener esta concesión». El diputado Patricio del Corro (PTS) descalificó la iniciativa considerando que «las playas de estacionamiento las pone la ciudad, los trabajadores también y las ganancias se la lleva el privado. Esta ley está viciada de nulidad porque requiere 40 votos».
También manifestó su oposición el diputado Sergio Abrevaya (GEN): «Son 120 mil espacios a regular y por lo tanto no se trata de ordenar el tránsito sino de cobrarle a la gente». Y el diputado Marcelo Guouman (Evolución) anticipó el voto negativo de su bloque al fundamentar que «es inconstitucional y que las modificaciones no fueron suficientes».
Finalmente, la diputada Paula Penacca (UC) apuntó: «Esto vuelve a darle un negocio a un privado que están teniendo ganancias extraordinarias. Debería ser un servicio que lo preste el Estado con el objetivo real del ordenamiento de tránsito y no el recaudatorio».
Fuente: Legislatura.gov.ar