Tras una investigación que lleva varios meses, la Policía de la Ciudad desbarató un prostíbulo ilegal que funcionaba en Colegiales y se rescató a dos mujeres que eran explotadas sexualmente.
En el mes de marzo, al personal de la División Delitos de Trata de la Policía de la Ciudad se le encomendó una investigación en un domicilio por una denuncia sobre una infracción a la Ley 26.842.
Como resultado de las tareas realizadas, se logró individualizar a dos responsables del lugar que realizaban ofertas sexuales entre tres y cinco mujeres mayores de edad, las cuales iban alternando de acuerdo a los días y afluencia de la clientela.
En el marco de la investigación, el personal de la Policía de la Ciudad individualizó a un hombre que llegaba al lugar a bordo de un taxi que el manejaba y era atendido por una de las encargadas en la puerta del lugar donde ella le entregaba dinero y él hacía anotaciones en una libreta.
Gracias al trabajo encubierto llevado a cabo por los efectivos, se determinó que en el lugar se realizaban encuentros sexuales pactados anteriormente por citas telefónicas.
Una vez presentados los resultados de la investigación, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 4, a cargo del doctor Ariel Lijo y ante la Secretaría 7 del doctor Arce, ordenó el allanamiento a la propiedad.
Los efectivos policiales ingresaron en la vivienda con personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad.
Una vez en el lugar, junto con dos testigos, los oficiales observaron el arribo del taxi avistado durante las tareas investigativas y por ese motivo redujeron al hombre para su detención. Luego demoraron a dos mujeres mayores de edad que se encontraban en el interior de la vivienda.
Además, arribó en ese momento un hombre que manifestó frente a uno de los testigos llegar «para un servicio» y fue demorado por la fuerza porteña.
También se registró el inmueble y se secuestraron dos teléfonos celulares, un chip, documentación de interés para la causa, un módem, una grabadora de video y un trasmisor de imágenes.
Dentro del domicilio se detectó un sistema de cámaras que estaban conectados a un monitor y este a su vez a un módem que trasmitía las imágenes en la web en tiempo real.
Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedieron a la clausura de la propiedad.